Tanto ha bajado el precio de la vivienda libre durante la crisis que su diferencia respecto a la pública se ha reducido en dos tercios. Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Fomento, en las que se observa incluso que en una comunidad –Castilla-La Mancha– el precio de la vivienda protegida supera en más de 100 euros al de la vivienda libre.
En 2007, en el conjunto del estado, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre era de 2.085,5 euros, hasta 1.014,6 euros superior al de la vivienda protegida (VPO), a la que duplicaba así en valor. Seis años más tarde, la caída de los precios de los pisos ha reducido esta diferencia hasta los 364 euros al cierre de 2013, dos tercios menos, pese a que el módulo de vivienda protegida ha permanecido congelado en los últimos ejercicios.
En esta situación, agentes del sector residencial aseguran que la vivienda protegida carece de sentido para los compradores, que además ya no tienen ayudas públicas para facilitar el acceso y, por tanto, tampoco para el promotor, al que tampoco se subvenciona ya su construcción.
Mientras se producía este acercamiento de precios, el Gobierno incluyó en la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda, de junio de 2013, una supresión de ayudas tanto a los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas protegidas como a la promoción de estas viviendas en propiedad.
Con anterioridad, en abril de 2013, el Gobierno había abierto la posibilidad de que los promotores pudieran descalificar viviendas protegidas sin vender, acogidas a financiación de anteriores planes estatales, para comercializarlas en alquiler y darles mejor salida.
Además, en junio de 2013, el Gobierno también incluyó en la Ley de Reforma del Alquiler la posibilidad de que las comunidades autónomas dejaran en suspenso la reserva de suelo destinada en las nuevas promociones a vivienda protegida, del 30% con carácter general, durante cuatro años, cuando existiese un porcentaje superior al 15% de viviendas protegidas en el planeamiento vigente y una evidente desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real.
