La nueva ley facilitará que el cliente pueda llevarse su préstamo hipotecario a otro banco
La nueva ley de crédito inmobiliario permitirá el cambio del préstamo hipotecario a otra entidad bancaria. En 1994 la ley daba la posibilidad de trasladar el préstamo hipotecario a otro banco si así lo consideraba. En el año 2007 se produjo un cambio radical ya que si el banco le ofrecía las mismas condiciones de oferta que la nueva entidad, el cliente tenía la obligación de quedarse. Por lo tanto esta norma se ha vuelto a modificar para así facilitar al cliente y que pueda marcharse cuando quiera. Hoy jueves 20 de Diciembre se aprueba dicha ley en el Congreso.
- La legislación requerirá a las entidades bancarias que examinen la solvencia de los clientes.
- Por otro lado liquidar antes de plazo la hipoteca será más barato, es decir, se premiará a aquellos clientes que salden su deuda antes de la fecha tope estipulada.
- Los gastos de la firma del préstamos hipotecario correrán por cuenta del banco salvo la tasación.
Una vez sea aceptada la sustitución por el cliente, el banco acreedor dispondrá de siete días naturales para asegurarse del importe que ha de reemplazar. A partir de ese momento el banco que posee el préstamo hipotecario tendrá quince días naturales para contraofertar. Una vez transcurrido ese tiempo se podrá conceder la escritura de reemplazo.
PRUEBA DE SOLVENCIA
La legislación, incluirá la obligación de que el banco realice una prueba de solvencia a los clientes para así poder evitar los excesos. Lo que se pretende conseguir de esta manera es que no se abuse de los avales o de incrementos de los precios de las viviendas para aflojar las condiciones que se conceden.
La responsabilidad del préstamo hipotecario recaerá así sobre la entidad bancaria, lo cual no significa que el poseedor del crédito hipotecario no pueda impagar por alguna situación extrema como pueda ser el paro.
Por otra parte, la ley abaratará los reembolsos anticipados de la hipoteca, posibilitará el cambio del tipo variable al fijo, disminuirá los intereses de demora y pondrá condiciones más complicadas para el inicio del embargo. También pretende que registradores y notarios aseguren la transparencia e impidan la incorporación de cláusulas abusivas.
Prohíbe que las entidades bancarias remuneren a sus empleados en función del número de hipotecas concedidas.
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