Desde junio las viviendas y edificios deben tener su etiqueta energética. Poco a poco, casas y pisos van solicitando su certificado energético y el primer balance, cinco meses después, no parece ser precisamente positivo. El 95% del parque de los edificios de España requiere actuaciones de eficiencia energética. Tan poca eficacia energética tiene su lado positivo en plena crisis: supone una oportunidad empresarial para crear 500.000 empleos hasta 2020 y captar hasta 4.000 millones de euros en ayudas europeas hasta 2020.
El uso de la energía se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad en el sector de la construcción y jugará un importante papel en el urbanismo del futuro. La factura energética es un coste relevante en la explotación de un edificio, e irá en aumento. El potencial de ahorro de energía que existe entre una calificación energética G y otra A es de un 80%. La normativa más reciente obliga a elevar la calificación energética y se pretende facilitar la rehabilitación energética de edificios como instrumento no solo de reducción de los costes de la energía sino también de reactivación del mercado. La inmensa mayoría del parque de edificios no cumple con los parámetros mínimos de eficiencia energética, al tiempo que la nueva legislación convierte a la certificación energética en parte del Informe de Evaluación del Edificio (IEE). El incumplimiento de sus recomendaciones constituirá infracción urbanística y se sancionará el falseamiento de sus datos. Se trata de que la actividad inmobiliaria y de la construcción pase del exclusivo negocio financiero a la economía real. Es el poder transformador de la energía, señala el presidente de la Fundación Renovables, antes de pronosticar que la eficiencia energética será una nueva especialización productiva que contribuirá al crecimiento de la economía y del empleo.
