La Agencia Tributaria ha despejado todas las dudas: a partir de enero de 2026 entrarán en vigor las multas por no actualizar el programa de facturación, una medida que afectará especialmente a las pequeñas y medianas empresas que aún no se han adaptado al reglamento Verifactu. Esta normativa, impulsada por la Ley Antifraude de 2021, busca garantizar la trazabilidad y transparencia en los registros contables, y pone fin al uso de sistemas manipulables o no homologados.
Las sanciones no son menores. Según la AEAT, las pymes que continúen utilizando software de facturación no certificado podrán enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros por ejercicio. Esto incluye tanto los programas antiguos que nunca fueron homologados como aquellos que hayan sido alterados tras su certificación. En la práctica, una empresa que no actúe con rapidez podría acumular sanciones por varios ejercicios consecutivos.
El reglamento Verifactu establece que los programas de facturación deben registrar cada operación en el momento en que se realiza, conservar un historial inalterable y permitir la trazabilidad completa de las transacciones. Para las sociedades mercantiles, la obligación comienza en enero de 2026, mientras que los autónomos disponen de un margen adicional hasta julio del mismo año.
La verdadera dificultad para muchas pymes no será la adquisición del software, sino la adaptación de sus procesos internos. La automatización, la correcta segregación de la información fiscal y la formación del personal serán claves para cumplir con la nueva normativa.
Desde Grupo EM Gestión, se recomienda no esperar hasta el último momento. Implementar un nuevo sistema de facturación homologado requiere planificación, pruebas y tiempo para resolver posibles incidencias. Además, más allá de evitar sanciones, esta transición representa una inversión en seguridad jurídica, eficiencia y transparencia para las empresas.
Con las inspecciones digitales cada vez más avanzadas, la AEAT podrá detectar irregularidades sin necesidad de visitas presenciales. Por ello, adaptarse cuanto antes no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para modernizar la gestión contable y fiscal de las pymes.