Inicialmente, la reforma de la Ley de medidas de flexibilización del mercado del alquiler de viviendas había eliminado las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar Vivienda de Protección Oficial (VPO). En junio, el Gobierno rectificaba y decidía aceptar las solicitudes de renovación de préstamos subsidiados para vivienda protegida que se presentaron hasta junio de 2013. Pero no.
El Ministerio de Fomento sigue sin cambiar los criterios con los que retiró las ayudas a la VPO o, como dice la Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO, la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha ido de vacaciones sin cambiar los criterios y sin cumplir lo prometido en respuesta parlamentaria.
Los préstamos subsidiados son una ayuda del Estado contemplada en los diferentes planes de vivienda que, previo convenio con las entidades financieras, descargaba del pago de los intereses por la cuota de compra o rehabilitación de la vivienda de protección oficial, siempre que se cumplan unos niveles de ingresos económicos familiares máximos.
Se calcula que al menos 300.000 familias reciben una ayuda de entre 1.100 y 1.300 euros al año para cubrir gastos financieros de su hipoteca. Las familias afectadas, muchas de ellas en difícil situación económica, deberán pagar entre 90 y 300 euros más al mes por su hipoteca protegida. Y ello sin posibilidad de vender o alquilar para hacer frente a este incremento.
Esto aboca a muchas de estas familias al desahucio, dado que muchas de estas viviendas fueron adquiridas en un período de precios de burbuja y, por lo tanto, tienen hipotecas que difícilmente pueden soportar. A la vez, deben asumir unos tipos de interés que el Gobierno acaba de incrementar.
Según la plataforma, Ana Pastor lleva más de dos años denegando la renovación de la subsidiación, un derecho reconocido en los anteriores planes de vivienda, aplicando unos criterios interpretativos extensivos del Art. 35 del RD20/2012 y la disposición adicional segunda de la Ley 4/2014, recurrida por su carácter retroactivo.
La supresión retroactiva de estas ayudas fue denunciada por la Defensora del Pueblo y por todos los defensores autonómicos. Por ello y ante las sentencias judiciales que han fallado en contra de la decisión de Fomento, el ministerio cambiaba de criterio y decía renovar las ayudas para los préstamos para vivienda protegida. Fue en junio; dos meses después nada ha cambiado.
La Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO, que defiende a esos 300.000 afectados, acusa al Gobierno de irse de vacaciones “dejando injustamente abandonadas a miles de familias afectadas con incrementos notables en sus cuotas hipotecarias, que son resultado de la supresión de estas ayudas, hoy claramente contra la ley”.
