Las cláusulas suelo han sido denunciadas aquí y allá, pero siguen vivas. Pese a la censura pública tras la sentencia de los tribunales, muchos bancos las mantienen. Es por ello que algunas administraciones están actuando, como acaba de ocurrir en Asturias. El Gobierno asturiano ha abierto 17 expedientes por la comercialización de hipotecas con la aplicación de cláusulas suelo abusivas a seis entidades bancarias que podrían enfrentarse a sanciones que oscilan entre los 3.600 y los 18.000 euros.
El Principado justifica la apertura de estos expedientes en la Ley de Consumo del año 2002 y una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 en las que consideraba dichas cláusulas como abusivas. Esta cláusula afectan a unas cuatro millones de familias en España, y a más de 30.000 en Asturias. A estos expedientes sancionadores –abiertos pero no concluidos– podrían sumarse más ya que en la Dirección General de Consumo se han presentado 363 denuncias, 63 de ellas por parte de particulares, y las 300 restantes por la Unión de Consumidores (UCE) Asturias. En julio del pasado año, UCE Asturias inició una campaña contra las cláusulas suelo de las hipotecas que, según cálculos de la organización de consumidores, puede llegar a costar a la banca un mínimo de 600 millones de euros si se suman a ella todos los asturianos que firmaron contratos con esas condiciones. Según su presidente, Dacio alonso, los bancos eliminarán estas cláusulas si les cuesta dinero y reputación mantenerlas. Según cálculos de la organización de consumidores, hay unos 30.000 afectados que desde el año 2004 han podido estar pagando una entre 1.500 y 2.500 euros anuales de más, de media, al no haberse podido beneficiar de las sucesivas bajadas de intereses y estar pagando actualmente hasta el triple de lo que deberían con un interés variable sin cláusula suelo.
