El régimen de alquiler de la viviendas particulares para uso turístico, competencia transferida a las comunidades autónomas, es asunto polémico en nuestro país. En ciudades como Barcelona, el negocio alcanza cifras ya muy respetables y la patronal hotelera ha montado en cólera. El Gobierno echa en falta una regulación homogénea.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido «un esfuerzo de coordinación» en la regulación del uso turístico de viviendas para que ésta sea «lo más homogénea posible» y se evite «la competencia desleal» con los alojamientos reglados hoteleros.
Soria recuerda que en el caso de España en 2013 hubo un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que llevaba vigente desde el año 1964, y que permite una regulación sectorial en cada comunidad autónoma. Esta modificación limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares, al vincular la regulación de este tipo de alojamientos a la legislación turística de las comunidades autónomas.
Ahora bien, en caso de no existir dicha normativa, a estos alojamientos se les aplicará el régimen de los arrendamientos de temporada, que se mantiene en la modificación de la LAU. «De tal forma que si en una comunidad autónoma no hubiese regulación entonces prevalece el contrato bilateral entre las partes», explica el ministro.
El titular de Turismo hace hincapié en que «lo importante es hacer «un esfuerzo de coordinación» para regular esta cuestión «de la manera lo más homogénea posible”, para que no haya competencia desleal para los establecimientos hoteleros permitiendo el alquiler de viviendas particulares para uso turístico, «pero realizándose bajo los principios de competencia legal».
Según Soria, el otro objetivo sería buscar salvaguardar todas las condiciones de seguridad en esta alternativa de alojamiento «ofreciendo las mejores garantías para los turistas que optan por este tipo de vivienda».
