Las comunidades de vecinos tienen una serie de obligaciones fiscales con Hacienda que hay que llevar a cabo. Por el contrario, si no se cumplen, se pueden enfrentar a multas de hasta 20.000 euros por presunto delito fiscal. Estas obligaciones las saben los administradores, aunque estas son obligaciones propias de las comunidades de los edificios. Alguna de ellas son los modelos 184 o 347, además de notificaciones telemáticas.
Este primer modelo hace referencia a los rendimientos económicos que una comunidad obtiene, como el alquiler de una fachada o subvenciones para rehabilitar el edificio. Estos se imputan a los propietarios mediante la atribución de la renta, en base a la participación que tenga en la finca. Pongamos un ejemplo. Si una comunidad quiere cambiar las tuberías de sus casas y se les concede para ello una subvención, esta ayuda se consideraría como ingreso y se tiene que presentar antes del mes de marzo de 2021 este modelo. De este modo los propietarios tendrán que imputar en la declaración la parte que le corresponde de esta subvención. El modelo 347 hace referencia a la obligación de las comunidades a declarar las operaciones que se hagan con empresas cuando superen en total durante el año pasado los 3000 euros.
A modo de excepción, las comunidades de vecinos no informarán sobre los gastos energéticos, de agua o de suministro mientras que sean para uso comunitario. Además, tampoco se informarán sobre seguros que tengan el objetivo asegurar el bien y derechos de zonas comunes.
El 20% de las comunidades de vecinos madrileños pueden cometer una infracción por omitir esta declaración al año, con una multa de 20 euros por proveedor que no aparezca en el modelo 347, si no se presenta la factura de una obra con un importe mayor a los 3.000 euros. Las multas irán desde los 300 hasta los 20.000 euros, según aparece en la Ley General Tributaria. Cuando la convivencia entre vecinos no es buena, la omisión de la comunidad con estas obligaciones fiscales serán sancionados.
