El pasado mes de Junio, mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado (3/2017), el gobierno hizo efectiva la bajada del impuesto del valor añadido del tipo general al tipo reducido, mediante la modificación de la Ley del IVA (37/1992) en su artículo 91.
Por esta modificación, pasan a estar gravados al tipo reducido del 10%, por un lado, los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario; y, por otro, también la entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo, quedando excluido expresamente de dicha bajada el cine.
Dada la situación de excepcional inestabilidad política del año 2016, el nombramiento del Presidente del Gobierno no fue efectivo hasta Octubre de ese año, produciéndose dicho nombramiento en segunda votación mediante mayoría simple, siguiendo lo establecido por el artículo 99.3 de la Constitución Española. El nombramiento se publicó en el BOE mediante el Real Decreto 414/2016, de 30 de Octubre.
Como consecuencia de lo anterior, no fue posible la tramitación ni la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en los plazos ordinarios, ya que se debería haber presentado su anteproyecto al menos tres meses antes de la expiración de los correspondientes a 2016, como exige el artículo 134.3 de nuestra Constitución.
Esta falta de aprobación hizo que se aplicase en toda su extensión el apartado siguiente de ese mismo artículo de la Constitución, que señala que, cuando no es posible aprobar la Ley de Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán prorrogados automáticamente los del ejercicio anterior hasta que se produzca la aprobación de los nuevos.
A pesar de lo excepcional de las circunstancias, no fue impedimento para que se aprovechase la oportunidad de relajar parte de la presión fiscal que soporta un sector, el cultural, que aporta un 2,5% al PIB de nuestro país y que emplea en torno a 500.000 personas en 2015, según los últimos datos publicados en el “Anuario de estadísticas culturales 2016”.
