El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Reglamento General de la Ley de Costas que permitirá regularizar la situación de las 36.000 ocupaciones –entre viviendas, chiringuitos, restaurantes, hoteles y actividades industriales– que continúan a día de hoy olvidadas por la ley. En la actualidad otras 4.000 cumplen con los requisitos legales de la Ley de Costas de 1988 y con la debida concesión del Estado.
Con el nuevo reglamento estas 36.000 edificaciones situadas a pie de mar, es decir, dentro del dominio público marítimo terrestre, serán “legales” pero a cambio de un precio, de un canon. Es el precio que habrá que pagar por dejar de ser alegales.
Se calcula que 13.000 son viviendas. Para todas ellas, el canon equivaldrá al 6% de su valor catastral. Mucho más complejo es el caso de los hoteles, restaurantes, chiringuitos y empresas que estén situabas en primera línea de costa. Para su cálculo entra en juego desde la actividad que desarrollen a su localización, pasando por la superficie que ocupen o su rendimiento económico.
A cambio de pagar, a estas 36.000 edificaciones el reglamento les da seguridad jurídica y evita eventuales órdenes de cierre o derribo. Claro que pagar ya pagaban esas otras 4.000 ocupaciones que sí «cumplían» la ley. De modo que se incrementarán los ingresos públicos puesto que pasan de pagar canon 4.000 ocupaciones –suponen 20 millones de euros al año– a 40.000.
