El Economista. El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto ley del Gobierno que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales.
El decreto ley, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, introduce tres nuevas deducciones en el IRPF que se aplicarán sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de la vivienda habitual y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética
–Del 20%, hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda, se aplica por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual, según certificado de eficiencia energética de la vivienda.
–Del 40%, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda, por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras ‘A’ o ‘B’ en vivienda habitual.
–Del 60%, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda, por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación de los edificios residenciales alcanzando las letras ‘A’ o ‘B’.
Periodo de aplicación
El periodo de aplicación de las tres deducciones será desde la entrada en vigor del decreto hasta 31 de diciembre de 2022, debiendo tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual.
¿Quién lo financia?
La medida está financiada con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europa y forma parte de la inversión contemplada en ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’, dotado con 3.420 millones de euros, de los que 450 millones se destinarán inicialmente para financiar los incentivos fiscales.
Llegar a la media europea
Para acabar con las «rigideces» legales actuales, el Gobierno modifica en el decreto ley la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acuerdos por mayoría para realizar obras de rehabilitación o recibir ayudas, y también la Ley de Suelo, reforzando la capacidad jurídica de las comunidades de propietario para recibir créditos.
Durante la defensa del decreto ley, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, instó el jueves a los ayuntamientos y comunidades autónomas a revisar los «cuellos de botella legales» en su normativa para asegurar que los programas de rehabilitación de viviendas y edificios «alcancen sus objetivos deseados».
A estos «cuellos de botella» ha atribuido la ministra el «recorrido limitado» de este tipo de programas, provocando, ha dicho, una tasa media de rehabilitación efectiva de entre ocho y diez veces menos por debajo de la media del entorno europeo. Todo ello teniendo más de la mitad de edificios residenciales construidos antes de 1980, y más del 80% con muy baja calificación en consumo energético.
